Según el informe oficial emitido por la Administración de Aduanas y Derechos Especiales de Consumo, la operación, llevada a cabo en el marco de inspecciones exhaustivas en establecimientos de venta de shisha, permitió la confiscación de exactamente 196,76 kilogramos de tabaco. El valor estimado de los impuestos y aranceles eludidos asciende a 23.125,24 euros, cifra que representa una pérdida directa para las arcas del Estado debido al fraude fiscal.
En un comunicado, la autoridad aduanera destacó: "Este decomiso refleja nuestro compromiso permanente en la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito de productos del tabaco y la protección de la salud de los consumidores." De acuerdo con la legislación vigente, la venta y distribución de tabaco, incluidas las variantes para cachimba, requieren una autorización oficial de la administración aduanera. El incumplimiento de esta normativa conlleva el decomiso de la mercancía y sanciones legales para los responsables.
Esta operación no es un caso aislado, sino que se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno luxemburgués para fortalecer el control sobre delitos económicos. En los últimos meses, los agentes aduaneros han interceptado 900 kilogramos de cocaína, además de 280.000 euros en efectivo en el Aeropuerto de Luxemburgo, lo que refleja un aumento en la capacidad de detección y respuesta ante delitos financieros y contrabando.
Las autoridades han advertido que las inspecciones continuarán con especial atención a la venta ilegal de productos sujetos a impuestos especiales. "No solo buscamos sancionar a quienes infringen la ley, sino también garantizar un mercado justo y equitativo para todos los comerciantes que cumplen con la normativa," afirmaron fuentes oficiales.
El gobierno luxemburgués reafirma así su compromiso de combatir el tráfico ilegal, consolidando su reputación como un Estado de derecho con controles estrictos sobre actividades económicas ilícitas.
"Donald Trump y sus declaraciones deben tomarse en serio. La Comisión Europea tiene que enfrentarse a sus políticas con una postura cohesionada y sin fisuras", afirmó el exlíder comunitario.
Las declaraciones de Juncker se producen en un contexto de renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Trump, en su retorno a la presidencia, ha reiterado su intención de imponer aranceles adicionales sobre las importaciones de aluminio y acero, una medida que ya provocó disputas durante su primer mandato en 2018.
No obstante, el político luxemburgués recordó que Europa ya ha lidiado con desafíos similares en el pasado y que, durante su liderazgo en la Comisión Europea, se logró contener la escalada de conflictos comerciales.
"Cuando tratamos con Trump en 2018, supimos gestionar la situación. Pero esta vez, llega con más preparación y sus acciones estarán aún más calculadas", advirtió Juncker.
Uno de los mayores peligros, según Juncker, radica en la posibilidad de que Trump intente negociar acuerdos bilaterales con ciertos países europeos en un intento de debilitar la unidad de la UE.
"Trump buscará dividir a Europa, negociando directamente con algunos estados en lugar de con la Unión como bloque. No debemos permitirlo. Nuestra fortaleza radica en la unidad", recalcó.
Juncker insistió en que los líderes europeos deben anteponer los intereses colectivos a las estrategias nacionales, asegurando que solo a través de una postura coordinada podrán responder eficazmente a los desafíos planteados por la administración estadounidense.
"No podemos permitirnos responder a Trump de manera descoordinada. Si actuamos juntos, Europa seguirá siendo un actor influyente en el escenario global", concluyó.
A medida que las relaciones transatlánticas entran en una nueva fase de incertidumbre, el llamado de Juncker resuena como una advertencia clara para los líderes europeos: la respuesta a los desafíos de Washington debe ser la unidad inquebrantable del bloque comunitario.
La reunión en la capital francesa, celebrada el 17 de febrero de 2025, tuvo como objetivo reforzar la cooperación en defensa y reducir la dependencia de Europa del apoyo militar estadounidense. La convocatoria fue iniciativa del presidente de Francia, pero no se hizo pública la lista exacta de los países participantes, lo que ha generado críticas sobre la transparencia del proceso.
La exclusión de Luxemburgo en esta cumbre generó interrogantes sobre los criterios de selección y la falta de inclusión de todos los Estados miembros. En respuesta, Frieden subrayó que cualquier estrategia de seguridad europea debe ser construida con la participación de los 27 países de la Unión, ya que decisiones fragmentadas podrían debilitar la cohesión del bloque.
"No se puede diseñar una política de defensa efectiva si no se toma en cuenta la voz de todos los miembros de la UE. La unidad es nuestra mayor fortaleza y no podemos permitirnos divisiones internas en un momento crítico para la seguridad del continente", afirmó el primer ministro luxemburgués.
En la Conferencia de Seguridad de Múnich, Frieden también reaccionó a las declaraciones del vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, quien recientemente cuestionó el compromiso de Washington con la defensa europea. Para Frieden, estas declaraciones han sido un “impacto” para los líderes europeos, aunque enfatizó la necesidad de mantener la calma y analizar con precisión la postura estadounidense antes de responder de manera precipitada.
"No debemos caer en respuestas emocionales. Primero debemos entender con claridad cuál es la propuesta de Estados Unidos y luego, con una estrategia bien definida, dar una respuesta conjunta", insistió Frieden.
El líder luxemburgués también destacó la importancia de preservar la relación transatlántica, recordando que Estados Unidos ha sido históricamente un aliado clave de Europa en la OTAN. No obstante, reconoció que las recientes declaraciones de la administración Trump han generado inquietud sobre el futuro de la cooperación en materia de defensa.
Ante la propuesta del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de crear un ejército europeo independiente, Frieden consideró que la idea no es viable en el corto plazo, pero respaldó una mayor integración en defensa mediante la estandarización del equipamiento militar. Para él, la clave para una mayor autonomía europea en materia de seguridad no está en la creación de una fuerza armada común, sino en reforzar la interoperabilidad entre los ejércitos nacionales.
"Necesitamos actuar con inteligencia y fortalecer nuestras capacidades militares de manera conjunta, sin duplicar esfuerzos. La clave es mejorar nuestra compatibilidad y cooperación en defensa", sostuvo.
Las tensiones geopolíticas continúan aumentando mientras Trump prepara un encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, un evento al que ningún líder europeo ha sido invitado. Esta situación ha generado preocupación en Bruselas, donde se teme que un eventual acuerdo entre Washington y Moscú pueda debilitar la posición de la UE en la crisis de Ucrania.
En este contexto, la reciente cumbre de París, aunque enfocada en reforzar la seguridad europea, ha dejado en evidencia la falta de una estrategia verdaderamente unificada dentro de la UE. Para Frieden, la división entre los Estados miembros solo debilita la capacidad de respuesta del bloque ante las amenazas globales.
"Nuestra credibilidad y fortaleza serán puestas a prueba en las próximas semanas, tanto en nuestras relaciones con Estados Unidos como en nuestra propia capacidad de actuar con determinación. La unidad es nuestra mejor defensa", concluyó el primer ministro de Luxemburgo.
El presidente de la Asociación de Protección a los Inquilinos (Mieterschutz) ha expresado su preocupación sobre la situación actual, destacando que el miedo a perder la vivienda encabeza la lista de inquietudes de quienes alquilan en el país. Un estudio conjunto entre esta asociación y la Universidad de Luxemburgo, que será publicado próximamente, revela que la escalada de los precios y el incremento de los desalojos han agravado significativamente la crisis habitacional.
En los últimos meses, numerosos inquilinos han recibido notificaciones de rescisión de contrato por parte de sus arrendadores. Según la legislación luxemburguesa, un contrato de arrendamiento solo puede ser rescindido en tres circunstancias específicas: una falta grave cometida por el inquilino, la necesidad personal del propietario de ocupar la vivienda o la realización de obras esenciales que impidan la habitabilidad del inmueble. Dependiendo del motivo de la rescisión, el arrendador debe conceder entre tres y seis meses de preaviso. En casos de incumplimiento grave, el propietario puede solicitar la rescisión inmediata a través del Tribunal de Paz.
El Ministerio de Vivienda de Luxemburgo ha señalado que la notificación de rescisión del contrato puede hacerse por correo electrónico o verbalmente, aunque recomienda el uso de carta certificada para evitar disputas legales. En caso de desalojo forzoso, la intervención judicial es clave, y los inquilinos pueden solicitar una prórroga al Tribunal de Paz para evitar una expulsión inmediata. La asociación Mieterschutz y abogados especializados ofrecen asesoría gratuita a los afectados, a través del sitio web www.mieterschutz.lu.
Desde el otro lado del conflicto, la Unión de Propietarios de Luxemburgo sostiene que la percepción de un aumento masivo de desalojos no refleja la realidad. Su presidente asegura que el número de desalojos se ha mantenido estable en los últimos 10 a 15 años, desestimando la idea de un repunte significativo.
Si bien reconoce que el aumento de los alquileres representa un desafío, sostiene que no todos los inquilinos se han visto afectados de la misma manera. Según su versión, aquellos que llevan más tiempo viviendo en una propiedad han experimentado incrementos menos drásticos.
Otro de los factores que está afectando a propietarios e inquilinos por igual es el aumento de los gastos adicionales asociados a la vivienda. Según datos de la Unión de Propietarios, hace cinco años, los costos mensuales adicionales de un apartamento medio rondaban los 250 euros, mientras que hoy alcanzan los 400 euros. Este incremento ha impactado directamente en el costo de vida de los inquilinos y ha generado mayor presión financiera sobre los propietarios.
Para la Asociación de Protección a los Inquilinos, muchos de los desalojos notificados son ilegales, ya que algunos propietarios intentan desalojar a sus inquilinos simplemente con un correo electrónico o con un aviso de dos semanas alegando la necesidad de recuperar la vivienda. La entidad recomienda que antes de aceptar un desalojo, los inquilinos verifiquen la legalidad del proceso y defiendan sus derechos.
Por otro lado, la Unión de Propietarios argumenta que las leyes actuales favorecen desproporcionadamente a los inquilinos y limitan la capacidad de los propietarios de administrar sus propiedades con libertad. Según el organismo, el proceso legal para rescindir un contrato de alquiler puede tardar hasta un año y medio, lo que desincentiva la inversión en viviendas de alquiler. En su opinión, la política de vivienda se ha centrado demasiado en el aspecto social, dejando de lado las preocupaciones de los arrendadores.
A pesar de las diferencias entre propietarios e inquilinos, ambos sectores coinciden en la necesidad de aumentar la oferta de viviendas. La elevada demanda de alquiler ha sido consecuencia directa de la disminución en la compra de propiedades y del estancamiento de proyectos inmobiliarios en la fase de preconstrucción (VEFA), debido a la falta de confianza en el mercado.
Para aliviar la crisis, expertos del sector subrayan que la clave radica en incentivar la construcción de nuevas viviendas y en ofrecer mejores condiciones para la inversión en bienes raíces. La expansión del mercado inmobiliario permitiría reducir la presión sobre los alquileres, facilitando el acceso a la vivienda para quienes dependen del arrendamiento.
Con el debate en curso y sin soluciones inmediatas a la vista, la crisis del alquiler en Luxemburgo sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales y económicas del país.
Durante una conferencia de prensa, el primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, detalló el desarrollo de los actos conmemorativos, destacando que la sucesión se llevará a cabo en una ceremonia oficial dentro del Palacio Gran Ducal. Posteriormente, el Príncipe Guillermo, heredero de la Corona, prestará juramento ante los representantes del pueblo en el Parlamento luxemburgués.
Sin embargo, a pesar de la magnitud del evento, el gobierno ha decidido no declarar el día como festivo nacional. Según Frieden, esta medida busca fomentar la participación ciudadana en las celebraciones dentro del país, evitando que los ciudadanos aprovechen la ocasión para viajar al extranjero.
Si bien la proclamación y el juramento tendrán lugar el viernes 3 de octubre, el sábado siguiente se celebrará un gran evento popular con actividades culturales y festivas en todo el país. Aunque el programa detallado aún no ha sido revelado, el gobierno ha adelantado que se está organizando un extenso calendario de eventos con la intención de que toda la población pueda unirse a la celebración.
Este anuncio sigue a la declaración oficial de abdicación del Gran Duque Enrique y la Gran Duquesa María Teresa, realizada en su tradicional mensaje navideño, en el que confirmaron que el Príncipe Guillermo y la Princesa Stéphanie asumirán oficialmente el trono el 3 de octubre de 2025.
Con los preparativos en marcha, Luxemburgo se alista para vivir una jornada histórica, en la que una nueva era comenzará para la monarquía del país.
Según informes oficiales, las inspecciones han revelado múltiples casos de trabajadores sin permiso de residencia ni autorización laboral. En estas situaciones, la ITM tiene la potestad de suspender inmediatamente las actividades laborales e imponer multas significativas a los empleadores infractores. Además, en los casos más graves, las autoridades judiciales han iniciado procedimientos penales contra las empresas responsables, lo que puede derivar en sanciones económicas elevadas e incluso en penas de prisión.
La ITM ha reiterado que el empleo ilegal no solo distorsiona el mercado laboral, sino que también crea condiciones de trabajo precarias y desprotección para los empleados. Las personas afectadas pueden denunciar estas prácticas de forma anónima a través de los canales habilitados en la web oficial del organismo (www.itm.public.lu).
El gobierno ha subrayado que los empleadores deben asegurarse de que todos los trabajadores bajo su responsabilidad cuenten con documentación en regla y contratos conforme a la legislación laboral vigente. De lo contrario, las sanciones pueden incluir la suspensión de la actividad comercial, multas económicas e incluso procesos judiciales que pueden afectar seriamente la continuidad del negocio.
Las inspecciones de la ITM continuarán de manera regular, y las autoridades han instado tanto a los trabajadores como a la ciudadanía a colaborar denunciando cualquier irregularidad. El combate contra la explotación laboral es una responsabilidad compartida que requiere una estricta aplicación de la ley y un compromiso firme de todos los actores del mercado laboral.
A pesar de no contar con un lugar en los centros de acogida, estos solicitantes siguen recibiendo asistencia financiera y material, equivalente a la que se ofrece a quienes ya están alojados en los centros de ONA. Hahn explicó que la cantidad de personas en la lista de espera fluctúa entre 30 y 110 personas diarias desde diciembre de 2024, reflejando un sistema al borde de su capacidad máxima. Actualmente, el 97 % de los centros de acogida están ocupados, lo que deja poco margen para nuevas admisiones.
Ante la falta de espacio en los centros de ONA, los solicitantes de asilo son derivados a albergues de emergencia, como el programa "Wanteraktioun", destinado principalmente a personas sin hogar. Sin embargo, este recurso no ofrece alojamiento continuo, obligando a los beneficiarios a registrarse nuevamente cada día para poder acceder a un lugar donde dormir. Según la diputada Joëlle Welfring, este sistema deja a muchos sin refugio durante varias horas al día y sin un espacio seguro para guardar sus pertenencias. Desde noviembre de 2024, el número de personas que ha recurrido a estos refugios ha llegado a 70 por día, una cifra que evidencia la magnitud del problema.
Un factor que está contribuyendo al colapso del sistema es que un número significativo de refugiados que ya han obtenido su estatus de residencia en Luxemburgo sigue ocupando plazas en los centros de acogida. Según las autoridades, algunos han permanecido en estos alojamientos entre dos y cinco años, sin haber buscado una vivienda independiente. Esta situación está limitando el acceso de los recién llegados y agudizando la crisis de alojamiento. A pesar de los llamados gubernamentales para que estas personas encuentren una alternativa habitacional, las dificultades del mercado inmobiliario y el alto costo de la vivienda dificultan esta transición.
Ante la creciente demanda de solicitudes de asilo, Luxemburgo ha pedido una distribución más equitativa de los solicitantes dentro de la Unión Europea. El ministro Hahn ha señalado que el país no puede asumir en solitario esta carga y ha instado a sus socios europeos a compartir la responsabilidad en la acogida de refugiados.
Mientras tanto, el gobierno luxemburgués sigue explorando soluciones alternativas para aumentar la disponibilidad de alojamiento. No obstante, los desafíos persisten, y las autoridades han advertido que sin una respuesta rápida y una mejor coordinación dentro de la UE, la crisis de acogida en Luxemburgo continuará empeorando en los próximos meses.
En Luxemburgo, la legislación laboral no prohíbe explícitamente las relaciones amorosas entre colegas. Cualquier disposición contractual que limite este tipo de vínculos podría considerarse inválida o contraria a los principios del derecho laboral. No obstante, ciertas normativas internas de las empresas pueden imponer restricciones en función de la estructura organizativa y la prevención de conflictos de interés.
Algunas compañías han adoptado políticas internas que regulan las relaciones entre empleados, sobre todo cuando estas afectan la jerarquía de la organización. Por ejemplo, si un vínculo amoroso involucra a un superior y a un subordinado, podría generar conflictos éticos, denuncias de favoritismo o afectar la dinámica laboral, lo que llevaría a la dirección de la empresa a tomar medidas para evitar problemas.
Si bien no existe una obligación legal de informar a la empresa sobre una relación sentimental en el trabajo, la transparencia puede ser la mejor estrategia en ciertos casos. Los expertos sugieren que, cuando el vínculo se vuelve serio y estable, notificar a los superiores o al departamento de recursos humanos puede evitar rumores, malentendidos o incluso sanciones internas.
Por otro lado, si la relación no interfiere con la operatividad de la empresa ni con la objetividad de las decisiones profesionales, mantener la privacidad también es una opción válida. Muchas compañías abogan por un equilibrio que garantice el respeto a la vida privada de sus empleados sin comprometer la ética corporativa.
Las relaciones amorosas en el ámbito laboral no siempre representan un problema. Mientras no afecten el rendimiento ni generen conflictos internos, las empresas tienden a tolerarlas. Sin embargo, en casos donde una relación comprometa la productividad, cause distracciones o derive en problemas de acoso o discriminación, los empleadores pueden intervenir.
El verdadero desafío surge cuando una relación amorosa dentro de la empresa termina en una ruptura. Las tensiones personales pueden afectar la convivencia y la colaboración entre colegas, lo que obliga a las compañías a gestionar con delicadeza estas situaciones para evitar impactos negativos en el clima laboral.
En definitiva, el amor en el trabajo es una cuestión de equilibrio entre la vida personal y la profesional. Mientras se respeten las normas internas y la relación no afecte el desempeño ni la equidad en el trato, no existen razones para que sea un problema. Sin embargo, es fundamental actuar con responsabilidad y profesionalismo para evitar complicaciones en el entorno laboral luxemburgués.
El informe destacó el uso de la holding Schenkenberg, una entidad establecida en Luxemburgo que, según el programa, permite la circulación de dividendos sin la imposición de impuestos sobre la renta de capital. El reportaje no tardó en calificar al Gran Ducado como un "paraíso fiscal", alimentando así un debate recurrente sobre la transparencia del sistema tributario luxemburgués.
Esta no es la primera vez que Luxemburgo enfrenta críticas sobre sus políticas fiscales. En 2008, Jean-Claude Juncker, entonces primer ministro, respondió de manera contundente a acusaciones similares, calificando los señalamientos de "absurdos". En esa ocasión, Juncker recordó que Francia tampoco está exenta de controversias en materia fiscal, insinuando que los ataques contra Luxemburgo forman parte de una estrategia de distracción política.
Sin embargo, el asunto ha escalado a nivel político. En noviembre pasado, los diputados franceses Mathilde Feld (La Francia Insumisa - LFI) y Nicolas Sansu (Partido Comunista Francés - PCF) propusieron que Luxemburgo fuera incluido en la lista negra de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal de la Unión Europea.
Ante el nuevo aluvión de críticas, el Ministerio de Finanzas de Luxemburgo ha salido al paso, negando categóricamente cualquier intento de favorecer la evasión fiscal. En un comunicado oficial, el gobierno defendió su postura, subrayando que en los últimos 15 años ha implementado reformas sustanciales para garantizar la transparencia y la equidad fiscal.
Entre las medidas más recientes, se destaca la adopción de la Directiva del Pilar Dos de la UE, que desde diciembre de 2023 impone un impuesto mínimo del 15% a todas las grandes multinacionales. Este cambio responde a la iniciativa global liderada por la OCDE para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios hacia países con baja carga tributaria.
Además, Luxemburgo ha fortalecido su marco normativo contra el abuso fiscal, incluyendo mecanismos de intercambio automático de información financiera con otros países.
El gobierno luxemburgués no se detiene aquí. Como parte de sus esfuerzos para fortalecer su reputación internacional, está trabajando en la implementación de nuevas regulaciones fiscales para las criptomonedas, en línea con las normativas europeas sobre intercambio de información financiera.
Asimismo, las autoridades han criticado la propuesta francesa de incluir a Luxemburgo en la lista de países no cooperativos, argumentando que esta decisión carece de fundamentos legales dentro de la UE. "Cumplimos con todos los criterios establecidos por la Comisión Europea, por lo que cualquier intento de sancionar a Luxemburgo sería injustificado", señaló un portavoz del Ministerio de Finanzas.
Para el gobierno luxemburgués, las críticas recibidas responden más a una lucha política y económica que a una evaluación objetiva de su sistema fiscal. Como uno de los principales centros financieros de Europa, Luxemburgo ha buscado equilibrar su atractivo para las empresas con el cumplimiento de las normas internacionales.
No obstante, los detractores del modelo fiscal luxemburgués insisten en que el país sigue siendo un refugio para multinacionales que buscan minimizar su carga tributaria en otros países. Mientras tanto, la Unión Europea continúa reforzando sus controles para evitar la competencia desleal en materia impositiva.
A pesar de las acusaciones, Luxemburgo se mantiene firme en su compromiso con la transparencia fiscal y la cooperación internacional. Con las reformas en marcha y la aplicación de nuevas normativas, el país busca dejar atrás la etiqueta de "paraíso fiscal", aunque el debate sobre su papel en la fiscalidad europea parece lejos de llegar a su fin.